Mi investigación se centra en la intersección entre derecho, la tecnología y los asuntos públicos. El enfoque con el que abordo los problemas de investigación es principalmente interdisciplinario y considera elementos de la dogmática jurídica, las ciencias sociales y administrativas, así como de las ciencias computacionales. Mi conocimiento, aquí, es el suficiente para interactuar (Collins y Evans dirían que mi expertiz es interaccional) con profesionales técnicos para abordar problemas de la administración pública o el derecho. Mi perspectiva es ante todo interdisciplinaria porque los asuntos públicos no se nos aparecen divididos y ordenados nitidamente por profesiones.

Mi principal objeto de investigación hoy es la comunicación entre derecho y ciencias computacionales en el contexto de los asuntos públicos. Me interesa, por una parte, la práctica social de la gobernanza digital y por otra, las consecuencias normativas de las distintas visiones que profesionales del derecho y de las ciencias computacionales tienen sobre los mismos conceptos. Profesionales del derecho y de programación se parecen en algunos sentidos: ambas profesiones “hacen cosas con palabras” y sus palabras tienen un sentido que se desprende de quienes las escribieron. Sin embargo, mientras una profesión fue entrenada para analizar sistémicamente los problemas, la otra lo fue para analizarlo y dividirlo. Mientras una tiene miles de años de existencia, la otra menos de cien; una cambia poco con la tecnología, mientras la otra cambia profundamente. Y así.

Potenciales cortocircuitos entre la profesión del derecho y de la programación resulta clave por varias razones. Primero, porque mucho de las políticas públicas hoy son implementadas con sistemas automatizados de toma de decisiones con múltiples casos documentados de fracaso de traducción ley-código. Segundo, porque si bien las leyes de gobernanza digial (como la protección de datos personales, ciberseguridad, e inteligencia artificial) han recibído muchísima atención académica y de la opinión pública, sabemos muy poco sobre cómo se implementan. Lo poca evidencia existente apunta a programadores que no entienden las leyes que implementan y a abogados haciendo pocos esfuerzos por explicarlas. Tercero, porque los conceptos clave de las leyes de gobernanza digital, como automatización, igualdad algorítmica, explicabilidad y transparencia, tienen significados múltiples y polémicos en las ciencias computacionales.

También he colaborado en proyectos no relacionados con la gobernanza tecnológica. Por ejemplo, me interesa particularmente la regulación del servicio civil y sus particularidades en latinoamérica (la relvencia de este problema es inescapable, por lo demás, para una modernización del Estado). También, trabajé en una investigación sobre la relación entre tipos de errores administrativos (falsos positivos y falsos negativos) y su relación con la percepción ciudadana de la legitimidad de las políticas públicas (quizás esto puede dar luces de cómo optimizar mecanismos de toma de decisiones automatizadas). Finalmente, un tema que tengo algo abandonado pero al que espero volver en el futuro es la moderación de contenidos en redes sociales (particularmente la participación del estado en un ecosistema de regulación privada).